La implantación de la factura electrónica será de uso obligatorio para proveedores para importes superiores a 5.000 € en las Administraciones Públicas (administración central, diputaciones, ayuntamientos, fundaciones u otras instituciones) a partir del 15 de enero. El fin de esta medida es la de racionalizar la situación económica de los ayuntamiento, diputaciones y de erradicar la morosidad en el sector público.

La factura electrónica, aprobada en diciembre del año pasado, es un documento que cumple los mismos requisitos legales que la de papel, que se gestiona de una manera sencilla y segura, y está dentro de las reformas que ha impulsado el Gobierno para acabar con la demora de pagos en las administraciones.

Este método permitirá́ a los proveedores conocer en tiempo real el estado en el que se encuentran sus facturas, aunque para ello está en la obligación de tener una firma electrónica y un certificado electrónico reconocido.

Además, se automatizarán los procedimientos y se reducirán las posibilidades de error. Una de las ventajas más valoradas de este nuevo sistema es el ahorro económico que supondrá́ tanto para las empresas, como para el sector público ya que se reducirá el manejo de papel y por otro lado se dará más seguridad a las transacciones comerciales y también mayor agilidad.

Para más información puede dirigirse a www.facturae.gob.es.